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Toda política de villas deberá evitar los desalojos y sustentarse en el principio de arraigo en los procesos de reurbanización. Las relocalizaciones forzosas de población sólo deben llevarse a cabo en casos excepcionales, deben seguir un protocolo socialmente responsable de los derechos de dicha población, y producirse dentro del barrio.


URBANIZACIÓN DE VILLAS SIN DESALOJOS

La Constitución -nacional y de la CABA- y numerosas leyes y tratados internacionales obligan a los Estados a garantizar el acceso a una vivienda digna. Los desplazamientos poblacionales son inaceptables en villas y asentamientos, debido a que sus habitantes han conformado la urbanización existente a través de la edificación de sus viviendas y el entorno urbano. Por este motivo, toda política de villas deberá evitar los desalojos –que signifiquen desplazar vecinos fuera del barrio- y sostener el principio de arraigo en los procesos de reurbanización, a fin de evitar la movilidad de recursos estatales hacia las nuevas zonas.

 

RELOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES

Las relocalizaciones sólo podrán desarrollarse cuando sea imposible encontrar alguna solución alternativa para mejorar la calidad de vida de la población afectada en el lugar en el que ya reside. Las relocalizaciones dentro de la villa sólo podrán tener lugar en caso de que resulte imprescindible como parte del proceso de generación de infraestructura, espacios públicos, rehabilitación de viviendas, y esponjamiento o acupuntura (mejoras en el consolidado de las manzanas, abriendo espacios o haciendo intervenciones puntuales). La relocalización de población fuera de la villa no se constituirá en una alternativa de política estatal , pudiendo aplicarse solamente y de forma excepcional en caso de existir riesgos ambientales o urbanísticos estructurales comprobables que no sean subsanables, En estos casos, la relocalización debe contemplar los siguientes principios generales: a) el traslado de la población a zonas del mismo barrio o cercanas a éste asumiendo un compromiso empírico con los procesos de derechos, evitando el desarraigo y fortaleciendo la filiación a los múltiples espacios de la vida (laborales, educativos, sanitarios, comunitarios, etc.) presente y futura de los afectados, partiendo de un registro adecuado de los afectados (censo); b) la participación activa de los habitantes en el proceso de toma de decisiones en todas las etapas de la relocalización; c) la aplicación de un protocolo socialmente responsable, que sirva como guía para los funcionarios, profesionales y técnicos que conforman las estructuras institucionales a cargo.

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO SOCIALMENTE
RESPONSABLE DE RELOCALIZACIÓN

El protocolo socialmente responsable solo debe ser aplicado cuando el desalojo resulte inevitable y estar guiado por el objetivo de equidad. Debe tener en cuenta que la relocalización involuntaria de poblaciones se inicia antes del traslado de la población y termina después del acceso a una nueva vivienda, abarcando tres grandes etapas: a) la etapa previa a la relocalización; b) la etapa de mudanza; y c) la etapa posterior a la relocalización. Estas etapas, si bien tienen un lugar en el transcurrir temporal, deben planificarse y desarrollarse articuladamente y de manera conjunta. El protocolo socialmente responsable[1] requiere también de un abordaje integral y atento a sus singularidades. Es indispensable contar con estudios detallados a los fines de anticipar posibles riesgos para la población afectada y evitar mayores costos tanto para la población realojada como para la administración pública. Para ello el protocolo debe cumplir con los siguientes principios rectores:

  • Los procesos de relocalización requieren un enfoque integral, ya que implican un cambio de hábitat que modifica el espacio físico y la cotidianeidad de los afectados (vivienda, salud, educación, economía doméstica, alimentos, recreación, entre otros aspectos). Asimismo, se debe contemplar las singularidades de cada barrio, así como la diversidad de situaciones que atraviesan las familias a relocalizar y ser especialmente sensible respecto al enfoque de género, que es un aspecto transversal a todas las etapas.
  • El órgano responsable de la relocalización deberá promover el trabajo conjunto y articulado entre las diferentes dependencias estatales involucradas en el proceso, así como considerar que los procesos de relocalización afectan de manera diferencial a diversas poblaciones: a) la población a mudar; b) la población receptora de los relocalizados; c) la población que permanece en el sitio a relocalizar.
  • El presupuesto del proceso de relocalización debe ser preparado y programado atendiendo a la totalidad de sus etapas -desde el diseño hasta la implementación y seguimiento posterior-, y se deben incorporar instancias de revisión permanente de las acciones llevadas a cabo y evaluación de la satisfacción de la población en relación con todas las etapas del proceso.

[1] La CABA y la provincia de Buenos Aires deben cumplir con los protocolos oficiales de relocalización en cuyo diseño participaron diversas organizaciones académicas, de la sociedad civil, y territoriales. Ambos protocolos son antecedentes que pueden recuperarse para otras jurisdicciones.